Por Victoria Mamani
Las niñas en el campo trabajan desde muy temprana
edad; ayudan en la cocina, en la agricultura, en el pastoreo de animales; recogen
leña para cocinar, cuidan a sus hermanitos y hermanitas menores, lavan la ropa.
Trabajan en todos los quehaceres de la casa, porque se considera que estas
obligaciones son sólo para las mujeres, aunque sean niñas.
Actualmente, el Código del niño, niña y adolescente
establece el derecho a la educación, y la ley educativa, la Avelino Siñani –
Elizardo Pérez, en su artículo 1(Mandatos constitucionales de la educación),
numeral 1, indica que Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos
los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural
sin discriminación.
Pero esto no se cumple en área rural y pareciera que
seguimos en el siglo pasado e incluso más atrás. Las mujeres seguimos siendo
discriminadas; son pocas las mujeres jóvenes que terminan el bachillerato y aún
hay preferencia para que el hijo varón tenga profesión o, al menos, termine el
colegio.
Este es uno de los usos y costumbres que persisten
en los pensamientos absurdos y machistas de los hombres, y es más claro en el
área rural, que las mujeres estamos destinadas a servir al varón y a cuidar a
los hijos, y que, por lo tanto, no tenemos derecho a la educación.
Pero también persiste la decisión de muchas mujeres
de no resignarse a ese destino. Ahí surge la migración de niñas y adolescentes a
la ciudad, buscando una mejor oportunidad de superación. Sin embargo, al llegar
a la ciudad sus sueños son frustrados y suelen ser víctimas de maltratos. Ellas
se emplean generalmente como trabajadoras del hogar o en alguna tienda de
venta, en los centros comerciales, en las pensiones y con sueldos muy bajos de 400
o500 bolivianos, cuando el salario mínimo es de mil. Les pagan así con el
pretexto de que tienen que aprender. A veces incluso les pagan con ropa y
alimentación, pero a eso no se le puede considerar pago. La mayoría de estas chicas,
que emigran con la esperanza de seguir estudiando, ni siquiera pueden cumplir
ese sueño, porque sus empleadores no se lo permiten.
Los derechos de las niñas y adolescentes emigrantes
son vulnerados por sus empleadores, pero también por sus propios padres y
madres, que prefieren que estudie el hijo varón y quieren confinar a la hija a
la servidumbre.
¿Al respecto quien hace algo? Las instituciones
públicas encargadas de velar por los derechos de las personas, hacen su trabajo
en las cuatro paredes de su oficina, casi no ven la realidad en que viven las
mujeres jóvenes y las niñas.
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