EMPLEADORES POLÍTICOS

Por Yola Mamani

Hace varios años, una de mis compañeras trabajó en la casa de un senador de la República durante el gobierno del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, cuando se promulgó la ley 2450 de regulación del trabajo asalariado del hogar, más conocida ahora como ley de la trabajadora del hogar. Esta norma, promulgada el 9 de abril de 2003, buscaba mejorar las condiciones del empleo de las trabajadoras del hogar.

En ese entonces, y desde mucho antes, ya existían sindicatos establecidos de trabajadoras del hogar, pero aún estábamos desprotegidas por falta de una ley que nos ampare.

La ley se aprobó finalmente, gracias al esfuerzo de muchas trabajadoras del hogar de los sindicatos, quienes después de recibir denuncias de maltratos físicos y psicológicos de parte de nuestras compañeras, presionar de distintas maneras para que la ley se apruebe y que sea beneficiosa para nuestro sector laboral.

En la elaboración de la ley participaron algunas dirigentas que eran parte del comité ejecutivo de los sindicatos y, claro, también gente del gobierno en su papel de autoridades. Pero estas autoridades tenían un doble papel, pues al mismo tiempo eran empleadores y empleadoras participando en la toma de decisiones para la aprobación de la ley.

La situación de las compañeras que trabajaban en las casas de esas autoridades no fue fácil, pues sufrieron un fuerte acoso laboral. Una compañera me contó sobre la actitud abusiva de su jefe que era autoridad; ella tuvo que denunciarlo por agresión física y psicológica, después de que él la golpeó.

La compañera acudió al sindicato para demandarlo con el apoyo de la federación; pero cuando su jefe se enteró de que había acudido a la organización de las trabajadoras del hogar empezó a amenazarla valiéndose de su cargo, hasta que se dio cuenta que nuestra organización era seria y que no se dejaría torcer el brazo. Después recurrió a ofrecerle dinero a la compañera; era un monto significativo para ella y lo aceptó, y ya no quiso seguir con el proceso de denuncia.

Seguramente lo hizo por necesidad o por miedo, nuestra intención no es juzgarla, sino mostrar esa doble moral que existe entre las autoridades respecto a las trabajadoras del hogar.

Esa doble moral también está presente ahora y seguramente a eso se debe que hasta ahora no hayamos conseguido que se reglamente el artículo 9 de la ley, para que las trabajadoras del hogar podamos acceder a la seguridad social y así tener la posibilidad de cuidar nuestra salud. Muchas de las autoridades que tienen la obligación de velar por nosotras tienen trabajadoras del hogar, lo mismo que muchas de las mujeres que dicen que defienden los derechos de las mujeres. Esa es la doble moral de nuestra sociedad.

Yo les digo a las compañeras que ninguno de nuestros derechos es negociable, no debemos callarnos jamás ante las injusticias. Y a las autoridades y a la gente que tiene poder les digo: ‘no se aprovechen de la necesidad de la gente que trabaja con ustedes, en las tareas más cotidianas e incómodas. Aprendan que nosotras tenemos derechos que no pueden ser violados y menos aún por gente que dice conocer las leyes.