Por Flavia Choqueticlla
Por primera vez en la historia del país, los bolivianos y bolivianas elegirán por “voto popular” 56 cargos de autoridades del Órgano Judicial. Es decir, magistrados y magistradas para sus cuatro instituciones: el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura.
Las elecciones se desarrollarán el 16 de octubre. A poco más de dos meses de esa fecha, la polémica todavía caracteriza a este proceso electoral inédito. Mientras los partidos de oposición observan la forma cómo se eligieron a los 118 candidatos, el oficialismo los culpa de pretender boicotear esos comicios cuyo objetivo será, al menos en teoría, reestructurar el sistema de justicia en el país.
Sin embargo, esos cuestionamientos y las actuaciones políticas generan incredulidad en la ciudadanía, que deberá decidir por quiénes votar desde el 1 de septiembre, cuando se inicie la campaña de difusión de méritos de los candidatos. Por el momento, esa ciudadanía sólo sabe que unos partidos promueven el voto nulo y otros, como el del Gobierno, el voto válido. Por su lado, algunas organizaciones sociales afines al oficialismo ya adelantaron que promoverán el voto consigna por determinados candidatos.
Si bien se justifica esta elección en razón de que la justicia es uno de los principales problemas de la institucionalidad del país, con juicios rezagados, corrupción o conflicto de independencia, los bolivianos esperan que el proceso refuerce la democracia y permita la aplicación de una justicia más plural y equitativa, lejos del poder político.
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