jueves, 17 de mayo de 2012

EL DERECHO AL DESARROLLO



Por  Adela Gomez

Del 20 al 22 de junio, en Río de Janeiro, se llevará a cabo la cumbre de la tierra Río más 20, que es donde los gobiernos, incluido el boliviano, evaluarán los acuerdos logrados hace 20 años, en esa misma ciudad del Brasil. Uno de esos acuerdos fue el derecho al desarrollo.

Se entiende por derecho al desarrollo el derecho al progreso personal, regional y organizacional, a fin de satisfacer ciertas necesidades, que puede implicar el bienestar de todos y todas, o el bienestar individual.

Hace 20 años acordaron que el derecho al desarrollo debe ejercerse en forma equitativa para las generaciones presentes y futuras. Es decir mejorar las condiciones de vida, en lo económico, social, cultural o humanitario sin distinción de raza, sexo, idioma o religión. No sólo para quienes vivimos ahora, sino también para las personas que nacerán después.

Equitativa quiere decir que el Estado, a través de los gobiernos municipales o departamentales, tiene la obligación de atender a todas las regiones por igual, sin favoritismos, para evitar disconformidad de los habitantes de cada región. Por ejemplo, las y los habitantes del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure, el Tipnis, están defendiendo sus derechos y su forma de vivir, cuidando su medio ambiente. La obligación del gobierno en estos casos es respetar la decisión de los pueblos indígenas que viven en la región, tal como dice la Constitución Política del Estado.

En el capítulo cuarto, de Derechos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, artículo 30, se detallan los derechos que tenemos como pueblos.

Este artículo tiene  18 incisos y quiero mencionar en especial los incisos 4, 8, 10 y 15.
El 4 dice que tenemos derecho a la libre determinación y territorialidad.

El 8 dice que los pueblos indígenas tenemos derecho a crear y administrar sistemas, medios y redes de comunicación propios.

El 10 dice que tenemos derecho a vivir en un medio ambiente sano, con manejo y aprovechamiento adecuado de los ecosistemas.

Y el 15 dice que tenemos derecho a ser consultados mediante procedimientos apropiados, y en particular a través de sus instituciones, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles. En este marco se respetará sus derechos a la consulta previa y obligatoria, realizada por el Estado, de buena fe y concertada.

En este punto es importante aclarar que la consulta previa tiene que ser antes de que el gobierno tome sus decisiones. Por eso es previa. Ahora en cambio, el gobierno habla de una consulta previa para preguntar a las y los pobladores del TIPNIS si quieren o no una carretera que pase por el medio de su territorio, pero lo quiere hacer cuando inclusive ya hay un contrato firmado con una empresa constructora y cuando ya han decidido que la carretera pase, sí o sí, como dijo el Presidente, por el medio del TIPNIS. Eso no es previo, es posterior, y lo que está haciendo el gobierno es tratar de convencer a la gente, afectando su libre determinación, con los regalos que les está dando.

Lo que está ocurriendo ahora con los pueblos indígenas del TIPNIS es incumplir el acuerdo que Bolivia hizo en 1992. Si bien, los acuerdos están en nuestras leyes y sobre todo está en la constitución, en los hechos el gobierno esta cometiendo un acto de discriminación, porque está obstaculizando que los pueblos decidan qué tipo de desarrollo quieren, pensando siempre en que después de nosotras y de nosotros habrá mucha más gente.

Las decisiones que está tomando ahora el gobierno perjudican el progreso soberano de nuestro país, es decir que no necesariamente tenemos que pensar que nuestro progreso está en las carreteras, como nos hicieron pensar los gobiernos neoliberales. Asimismo, se atenta contra los derechos de los pueblos indígenas haciendo peligrar el futuro de las nuevas generaciones. Por eso las y los indígenas están disconformes con lo que pretende hacer el gobierno, sobre todo porque en la octava marcha indígena, el Presidente promulgó una ley para proteger al TIPNIS, pero luego con otra ley dio un paso atrás. Por eso se inició la novena marcha.

A partir de lo que ahora está ocurriendo en nuestro país, podemos afirmar que los propósitos y principios que los países acordaron hace 20 años, para salvar a nuestro planeta y a la humanidad, con un buen desarrollo, no se están cumpliendo en los hechos.
Los pueblos indígenas queremos desarrollo, pero sin que mate nuestras culturas, nuestros territorios, nuestro medio ambiente y nuestra libertad.

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