EL PARO DE TRANSPORTE

 Por Victoria Mamani

 El martes 24 se llevó a cabo un paro de transporte contra el anteproyecto de ley Extinción de dominio de vienes a favor del Estado.

Según el gobierno, este proyecto de ley ha sido planteado fundamentalmente para confiscar y pasar a propiedad del Estado los bienes de personas involucradas en narcotráfico,  contrabando, enriquecimiento ilícito, corrupción, entre otras. Es decir que si encontraran droga o contrabando en un vehículo o un inmueble, prácticamente sin lugar al reclamo esos bienes pasan a poder del Estado, en realidad a manos del gobierno que luego dispondrá qué hacer con ese bien. Los choferes indican que esto afectara sus fuentes laborales, por eso fue el paro.  

Este  paro, como cualquier otro, perjudico a la población que tuvo que hacer una serie de sacrificios para llegar a sus fuentes laborales, no sólo a quienes trabajan en oficinas o tiendas, sino también a quienes viven de la venta callejera de todos tipo de productos y también de comida. Estas últimas sobretodo, necesitan  el transporte no solo  para trasladarse de un lado al otro, sino también para llevar su mercadería o sus ollas. Como siempre, de esto se aprovecharon los taxistas y radiotaxistas que han cobrado lo que han querido a sus desesperados pasajeros. Por otro lado, muchos estudiantes  se quedaron jugando  en los tilines e internets con el pretexto de que no alcanzaron a llegar al colegio, y esta es responsabilidad del Ministerio de Educación que no instruyó la suspensión de clases, aunque sea sólo por previsión.

Volviendo al proyecto de ley, al gobierno le gusta fabricar leyes sin consultar a las y los interesados, y en el caso de este proyecto, no sólo los choferes resultarían involucrados, sino todos y todas. En primer lugar, a diferencia del artículo 116 de la Constitución Política del Estado donde se establece que se presume la inocencia hasta no probar lo contrario, en los hechos este proyecto asume que todos y todas estamos metidas en el narcotráfico, en el contrabando o que nos estamos enriqueciendo de manera ilícita. Y prácticamente no deja tiempo para defendernos de sus acusaciones, porque la acusación será directa.

Quién nos garantiza que este poder que quiere tener el gobierno no servirá para atacar a sus opositores, a quienes no están de acuerdo con sus medidas, a quienes creen que hemos sido engañados por un partido que prometió que íbamos a vivir bien, pero que nos está dividiendo, que está sembrando el odio entre la gente, que está amedrentando, que nos está haciendo retroceder como democracia. Quién nos garantiza que esta no es una manera de que el enriquecimiento sea más bien para las mismas autoridades o personas alineadas con el MAS, porque sabemos que hay mucha corrupción en el gobierno y quién nos dice que esos bienes confiscados no se convertirán en propiedad privada o que harán uso y abuso de esos bienes.

Además ya hay una ley de incautación de bienes y si, como dicen las autoridades, el 85% de los bienes incautados vuelven a los narcotraficantes, eso no se debe a que la ley esté mal hecha, sino a su aplicación y a toda la corrupción que existe alrededor del narcotráfico.

Por eso mismo me pregunto, de qué sirven tantas y tantas leyes, si no se cumplen. El mismo gobierno es el primero en violar sus propias leyes. Por ejemplo, la ley contra el racismo y toda forma de discriminación. Digo esto por los casos denunciados  en la dirección contra la discriminación.

Además algunos funcionarios públicos y mujeres que trabajan de mensajeras y recepcionistas, o sea tienen cargos con salarios bajos, son contratadas como consultoras externas por no pagarles sus beneficios sociales como a cualquier trabajador. En los hospitales las enfermeras auxiliares ni siquiera tiene ropa de trabajo, no tiene derecho a la maternidad, no cubren ni las horas extras. Por eso digo que el gobierno es el primer violador de los derechos humanos y de la ley general de trabajo.

Lo mismo pasa con el convenio 189 del trabajo decente para las trabajadoras del hogar que sigue durmiendo en sus escritorios sin haya sido ratificado, esto porque al gobierno no le importa  o porque a las trabajadoras asalariadas del hogar no nos consideran parte de la sociedad, o  para que se sigan vulnerando los derechos laborales de las trabajadoras del hogar, que nos sigan maltratando las y los empleadores del oficialismo, como lo hizo con su trabajadora la hija de la ministra de transparencia Nardy Suxo en Alemania.

Pero cuando se trata de sacar leyes a su favor lo hace de la noche a la mañana. Primero habría que pedirle que cumpla y que haga cumplir las leyes que nos favorecen a las y los bolivianos.