La violencia sexual contra las mujeres es uno de los problemas más graves que tenemos que enfrentar las personas de todos los países en América Latina y del mundo. Se trata de abusos sexuales, que van desde el mismo trato a las mujeres hasta la violación física, psicológica o de sus derechos de elegir una opción.
Ha habido muchos planes para combatir este problema, pero poco se ha avanzado. Muchas veces se decía que la violencia sexual era un problema privado y por eso las víctimas no denunciaban a sus agresores. Sin embargo, ahora ha establecido que es un problema público, de interés general, que nos afecta de sobremanera a la sociedad; vulnera nuestros derechos como mujeres, niñas y jóvenes adolescentes; atenta contra nuestra vida, nuestra dignidad y nuestra libertad sexual.
La Constitución Política del Estado en su artículo 15 dice que “toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual”. Y su inciso dos es más específico: “Todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad”. Supuestamente la ley de leyes nos estaría amparando, pero sabemos que no es así, ya que no se aplica.
La mayoría de los casos de violencia sexual contra las mujeres ocurre en los mismos hogares, y los agresores suelen ser los esposos, concubinos, padres, tíos, primos hermanos u otros parientes cercanos de la mujer. Incluso, allí, los hombres se creen dueños de nuestros cuerpos.
Un dato preocupante es que siete de cada 10 mujeres en nuestro país han sido víctimas de algún tipo de violencia, ya sea insultos, humillaciones, golpes, violación, esterilización o maternidad forzada, hasta asesinato.
Si hablamos del área rural, es peor, porque para muchas mujeres es normal que les peguen o que las violen, porque creen que los hombres tienen ese derecho. Por eso muchos casos se quedan sin ser denunciados ante la justicia y los agresores siguen vulnerando la integridad, la dignidad y los derechos de las mujeres. Más que todo, el problema los sufren las niñas huérfanas, las mujeres solas, las mujeres cuyas parejas se fueron y las viudas. Es que estas personas están expuestas a todo tipo de peligro en sus propias casas; difícilmente pueden defenderse en las comunidades alejadas de las ciudades; muchas de nosotras vivimos en precarias condiciones.
Hay autoridades en las comunidades, pero no nos protegen a las mujeres. Cuando vamos a quejarnos, nos echan la culpa y creen que nosotras somos las que provocamos esos abusos, por vestirnos bien o por hablar y reír con los varones.
Y si los agresores son denunciados, la justicia es muy contemplativa con ellos. Un ejemplo es que en los últimos años en las comunidades han ocurrido violaciones y asesinatos contra las mujeres de todas las edades, por las que los agresores fueron llevados a la cárcel. Ellos cumplían tres o cuatro años de prisión, pero después de salir cometían los mismos delitos e incluso se vengaban de las mujeres que los denunciaban. Para no tener problemas, la gente no los denunciaba y así las violaciones se repetían y repetían.
Nuestras autoridades no son capaces de defender los derechos de las mujeres en este tipo de delitos; los jueces son comprados por los denunciados y las víctimas se quedan desamparadas de la justicia. Ante eso, hay necesidad de que reflexionemos en nuestras organizaciones y entre las autoridades, porque el problema de ella puede ser nuestro problema, de nuestras hijas, hermanas, vecinas o compañeras.
