Por YOLA MAMANI
La compañera Asunta
Jallarama tuvo que venirse hasta la cuidad de La Paz en febrero de 2015, para denunciar ante la sociedad y las
autoridades que la destituyeron de su cargo como mama t’alla, es decir la máxima
autoridad de la comunidad Chijipata, del municipio de Chuma DE CIUDAD La Paz.
Asunta es una mujer
humilde, que como cualquiera de nosotras antes de emigrar a la ciudad es tímida, no expresa bien su castellano, no porque no quiere, sino porque
su lengua materna es el aymara.
Ella fue destituida
por exigir la ejecución de obras en Chuma y transparencia en el manejo de
recursos económicos.
Casos como este hay
cualquier cantidad en los pueblos y nadie dice nada, porque es difícil llegar
hasta aquí para denunciarlos. Trasladarse a denunciar tiene un costo económico alto
y significa tiempo y para las mujeres productoras el tiempo es oro porque viven
del día a día, no son como el presidente, vicepresidente o ministros y ministras
que tienen carros a su disposición y la de sus familias.
El año pasado en
Sorata se dio un caso parecido, la presidenta del Consejo de Sorata tuvo que escapar
con sus dos niñas a la ciudad de El Alto, porque las tres sufrían amenazas de
muerte y persecución, todo por pedir un informe de las obras realizadas en su
municipio. Ella tuvo suerte, porque por lo menos tenía una casa donde quedarse,
pero otras mujeres del campo no tienen
casa en la ciudad y no saben a dónde salir de su comunidad.
Por eso yo me pregunto si exigir justicia; pedir la
mejora de tu barrio; de tu comunidad, en
cuanto a salud, educación, vivienda, carreteras, empleo ¿es delito? Si es así,
entonces yo quiero saber si nos tenemos que quedar calladas ante cualquier
abuso, o que hacemos?.
Existe la Ley Nº 341
de participación y Control Social, eso
quiere decir que todos los y las ciudadanas de a pie u organizaciones sociales,
tenemos el derecho y la responsabilidad de exigir informes sobre las
inversiones que se han hecho durante la gestión y velar por los intereses de
las y los habitantes en las comunidades, pero aun así, parece que denunciar
irregularidades tiene graves consecuencias.
Los medios de
comunicación también deberían cumplir con su responsabilidad e informar lo que
sucede en el área rural, así en diferentes lugares las autoridades se sentirían controladas y
ejercerían sus cargos con mayor responsabilidad y compromiso.
Seguro mucha gente se
pregunta qué pasa con las radios comunitarias? y es que estas jalan las noticias de la cuidad y le dan mayor
importancia a las peleas de los políticos, que poco o nada le interesa a la
gente del pueblo.
Las noticias de la
ciudad no dan solución a los problemas del área rural. Está bien informarse
sobre lo que ocurre en la ciudad, pero se debería dar mayor cobertura a los conflictos
en las comunidades a las que no llega más que la propaganda de nuestros
gobernantes.
Noticias como la de
la compañera Jallarama, parecen no ser de
mucha importancia, de eso soy testigo, porque el año pasado estuve como becaria
de la Universidad Mayor de San Andrés, haciendo radio en Sorata los fines de
semana. En ese tiempo pude ver como en las radios comunitarias le dan la
palabra solo al hombre, como si ellos no más supieran lo que ocurre en el
municipio.
Por eso estoy convencida
de que este tipo de denuncias no son escuchadas, o cuando se las emite en alguna
radio comunitaria se la ve como chismerío de mujeres. En los minibuses se
escucha que los hombres dicen “las mujeres son un dolor de cabeza, todo el
tiempo se quejan”.
Por comentarios como
ese muchas mujeres no se atreven a denunciar los abusos de los que son objeto, porque
si lo hacen, ellas no más son cuestionadas y mal vistas.
Al final como nadie
dice nada, eso termina ante los ojos de los y las comunarias como una verdad,
así de triste es ser autoridad mujer aymara.
